Por: Marcelo Bauzá

Hace unas semanas escribí sobre la trampa fiscal que mantiene a comunas como Renca con recursos cinco veces menores que Providencia, a pesar de tener similar población y desafíos urbanos. Planteaba entonces la urgencia de una nueva Ley de Rentas Municipales, pero también la necesidad más profunda de repensar el rol de los gobiernos locales como creadores de valor público. Hoy quiero mostrar cómo Renca ha logrado romper esa lógica desde adentro, sin esperar reformas estructurales que pueden tardar años en llegar.

En Chile hemos normalizado una extraña paradoja: mientras el sector privado invierte el 80% del capital nacional y define el rumbo de nuestras ciudades, los municipios —que conocen mejor que nadie las necesidades de sus territorios— se limitan a gestionar permisos y aprobar proyectos que otros diseñan. Durante décadas, este modelo del “Estado facilitador” ha relegado al sector público a un rol reactivo donde su única función es no estorbar al mercado (o estorbarlo cuando está en modo revanchista).

La consecuencia es preocupante: mientras celebramos la eficiencia privada, nuestras ciudades se fragmentan, la segregación urbana se profundiza y los municipios quedan atrapados en una dependencia fiscal que perpetúa la desigualdad territorial. Esta lógica ha invisibilizado algo fundamental: la ciudad es mucho más que una plataforma para la inversión privada, es un recurso colectivo cuyo desarrollo debe responder a las necesidades de quienes la habitan. El mercado funciona en base a la competencia, no a colaboración, por lo que no podemos esperar que cree valor bajo la lógica del bien común.

Ciudades como Portland, Barcelona y Buenos Aires han demostrado que cuando las comunidades gestionan colaborativamente espacios urbanos, vivienda y servicios públicos, no solo mejora la calidad de vida, sino que se reconstruye el tejido social y la confianza ciudadana. Es en este contexto donde surge la experiencia de Renca, que ha logrado algo inédito: crear la primera Agencia Municipal de Inversiones del país, cambiando de paradigma al pasar de esperar proyectos a salir a buscar las inversiones que su comunidad necesita.

Los resultados hablan por sí solos: más de US$ 350 millones en inversiones privadas gestionadas directamente, 2.400 nuevos departamentos en desarrollo, y —quizás lo más significativo— un 40% de estas nuevas viviendas adquiridas por vecinos de la propia comuna, revirtiendo la histórica fuga de talentos hacia otras comunas. Este éxito responde a años de construcción de confianza, aprendizaje institucional y liderazgo político consistente, demostrando que es posible crear valor público incluso dentro de las limitaciones fiscales actuales.

Pero la experiencia de Renca trasciende los números: representa una ruptura con la captura del desarrollo urbano por élites político-empresariales y demuestra que los municipios vulnerables pueden atraer inversión de calidad cuando se posicionan como socios estratégicos del desarrollo territorial. Como señala Yuval Harari, el verdadero motor del progreso humano no ha sido la competencia desenfrenada, sino nuestra capacidad para cooperar y generar confianza.

La pregunta natural es si este modelo es replicable. La respuesta es compleja: cada territorio tiene sus propias características, pero los principios que sustentan la experiencia —proactividad, planificación colaborativa, gestión de alianzas multisectoriales— son transferibles. Lo que no se puede replicar son los resultados automáticos, pero sí las condiciones para generarlos.

En un país donde la desconfianza institucional crece y la segregación urbana se profundiza, experiencias como la de Renca no son solo casos de éxito local: son laboratorios de democracia territorial que Chile necesita multiplicar. La innovación desde lo local no es solo posible, es imprescindible. Y el caso Renca demuestra que los municipios pueden ser mucho más que administradores de la desigualdad urbana: pueden ser arquitectos de un desarrollo más justo, inclusivo y democrático.