Imagen portada: Constitución de Movimiento “Mar para Valparaíso”. Fotografía: Gonzalo Undurraga

¿Cómo la defensa del patrimonio se transformó en un proceso de politización ciudadana y cuales fueron sus impactos?

El Plan de Expansión Infraestructural del Puerto de Valparaíso (EPV – 1997), impuso una reinterpretación de la relación espacial de la bahía con el anfiteatro natural y urbano de la ciudad, lo que supuso riesgos socio ambientales y amenazas significativas para el paisaje cultural de la ciudad, las que fueron sistemáticamente soslayadas por la empresa portuaria.

Esto provocó la activación, relacionamiento e imbricación de diversos colectivos ciudadanos, provocando de manera primero involuntaria y luego deliberada un reordenamiento convergente de actores, hasta conformar tras años de discusión el Movimiento Valparaíso Ciudadano (MVC). Una movilización de comunes urbanos que tras instaurar la Alcaldía Ciudadana, no logró institucionalizar la gestión territorial debiendo abandonar el municipio, el proyecto político e incluso sus causas urbanas.

A partir de la revisión de casos de movimientos sociales en el marco de la globalización y sus efectos en enclaves urbanos, el presente artículo se estructura mediante un acercamiento a los paradigmas de los Recursos Comunes (RC) y su aplicación al territorio urbano y la gestión de ciudad, las prácticas socioeconómicas de cercamiento, las normas de gobernanza, la gestión colectiva de los problemas y posibilidades de los “nuevos comunes”.

Siguiendo las reivindicaciones políticas de los comunes urbanos, se aborda los acontecimientos ocurridos en Valparaíso, en que la institucionalización de un movimiento de origen ciudadano, al ocupar la alcaldía de la ciudad termina opacado por un desdoblamiento hacia comunes globales, abstractos, inasibles y divergentes de los propósitos de la movilización original. Se analiza cómo, en la expansión del concepto de los RC, frente a un caso de construcción de una utopía ciudadana en medio de un hábitat caracterizado por la pobreza y el abandono, se termina por anular el sujeto movilizado a través de la politización del colectivo ciudadano en una ciudad en la que ya no quedaba nada para reclamar, excepto el mar y la administración local, que era como reclamar lo imposible.¹

Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, la globalización se traduce en el advenimiento del posmodernismo, reflejado en una cultura de libertad, ocio y consumo, asociado a la emancipación del modelo neoliberal, en detrimento de un socialismo desfigurado que acoge la economía social de mercado como contrapeso político.

La ilusión de un mundo abierto, sin fronteras y multicultural, acelerado con la ubicuidad de internet distorsiona – si es que no borra -, la espacialidad del tiempo, debilitando a su paso la lógica de lo colectivo, estableciendo nuevos desequilibrios que hoy amenazan con la construcción de nuevos muros, en un fenómeno eminentemente urbano.

Los impactos de la globalización en los países latinoamericanos tienen que ver con la organización y funcionamiento de la ciudad, los efectos de la reestructuración económica sobre los mercados metropolitanos de trabajo la financiarización de la economía – y una oferta creciente de capital inmobiliario -, los cambios a la morfología urbana debido a una nueva organización metropolitana y por último, los cambios en la imagen y el paisaje urbano (de Mattos, 2002).

Conceptos como el de integración o movilidad social son el sostén discursivo al alero del advenimiento de la economía global, que insufla una nueva clase media emergente, cuya demanda de bienes, servicios y equipamientos concentra un mercado inmobiliario, que mete presión en enclaves urbanos incentivando la competencia por el suelo. Esto desencadena procesos de desigualdad y segregación que se materializan a través de mecanismos de acumulación y desposeción (Harvey, 2004), revelados con la crisis financiera de 2008.

Las ciudades se han convertido en mercancías para conseguir capital externo, principalmente a través de inversiones y turismo (Cámara-Menoyo et al, 2020). Esto no escapa a las ciudades puerto, que han ajustado su vocación híbrida, como espacios de transferencia de carga, frente a procesos de tecnificación con mayor o menor éxito para sus entornos urbanos, los que en muchos casos entran en tensión debido a la consecuente discusión sobre puesta en valor del patrimonio del casco histórico, valores ambientales costeros y el turismo, como alternativa económica de corto plazo.

En Valparaíso la apertura al comercio internacional se tradujo en el incremento del tránsito de mercancías. Por otra parte, la financiarización impacta en la ciudad en la tendencia global de presión inmobiliaria, lo que en parte se expresa en la presión por instalar comercio inscrito en cadenas globales, mediante la construcción de intervenciones urbano – comerciales en el territorio (Quintana, P. 2008). Tal fue el resonado caso del mall Barón, en el sector nororiente de la bahía.

Como respuesta a esta porsmodernidad urbana, una secuencia de movilizaciones sociales en el mundo se expresa, caracterizada por una digitalización masiva de comunidades urbanas, a través de la promoción de una gestión colectiva y una lectura crítica sobre el neoliberalismo que comienza a establecer los llamados nuevos recursos comunes (Castro-Coma et al, 2016). Los comunes urbanos (urban commons), o recursos físicos, sociales y culturales propios del ámbito urbano al ser reclamados van transformando los espacios urbanos en espacios de fricciones y resistencia, altamente disputados, entre la renovación y la degradación, convirtiéndolos en escenarios de luchas de carácter cotidiano y de otras, explícitamente políticas, que han sido identificadas y leídas bajo el prisma de los comunes, como “el afuera” de los cerramientos (De Angelis, 2004).

Movimientos que se suceden por distintas causas, constituyen una lucha urbana que se reflejó con gran fuerza en el ciclo que comenzó con manifestaciones en lugares tan distantes como Túnez (2010), El Cairo (2011), Nueva York (2011), Santiago (2011) o Kiev (2013), donde plazas y avenidas fueron ocupadas tras rápidas coordinaciones, muchas de ellas sostenidas en relatos compartidos por plataformas digitales, redes sociales en plena expansión, fenómeno clave para la comprensión de los nuevos paradigmas de sociabilidad líquida (Bauman, Z. 2016).

Ya sean conflictos relacionados con políticas de suelo urbanizado (transporte, áreas verdes, gentrificación, privatización de espacios públicos, espacios privados para eventos masivos, etc), o por reivindicación de derechos en movimientos de todo tipo y todas las formas de resistencia ante demandas multidimensionales. En todas (pacíficas, violentas, esporádicas o más permanentes), los actos de ocupación y reapropiación del espacio público pueden ser leídos como un acto de “comunalización” (Harvey, 2012), en contraste con lugares que simbolizan “las prácticas urbanas predadoras” (Harvey, 2004).

De este modo los comunes urbanos pueden entenderse como movimientos políticos, no vinculados a partidos políticos. Su desarrollo puede verse acelerado como reacción a medidas emprendidas por la autoridad que puedan afectar condiciones de habitabilidad, accesibilidad, redistribución de recursos o monopolización de servicios urbanos. La reacción en redes sociales, asociada al periodismo ciudadano y la denuncia como motor movilizador puede acelerar una ignición, no obstante, en otras dimensiones los comunes urbanos proyectan propuestas de gestión territorial como alternativa al sistema de desarrollo corporativo privado o estatal. Esto se considera una estrategia del urbanismo de vanguardia, en medio de la aceleración propia del modelo capitalista, por cuanto implica la conformación de alianzas anticipadoras entre actores comunes y gestores territoriales.

En este contexto destacan procesos en los que la agitación inicial permite un roce posterior cara a cara o “urbanismo P2P” (persona a persona, peer to peer por sus siglas en inglés). La politización ciudadana que no traspasa fronteras del activismo de sofá (Bauman, Z. 2016), es distinta a aquellas manifestaciones que permiten la conformación de asambleas ciudadanas o software libre de la organización asamblearia. Permite a diferentes comunidades la deliberación sobre formas alternativas de acceder, producir y valorar el espacio urbano a partir de lógicas de código abierto y cooperación social “para definir un espacio urbano para su uso por la gente” (Salingaros, 2010). “Comunidades en movimiento” o “comunidades-en-el-hacer” como “comunidades, creadas en una sociedad en movimiento a través de actividades catalíticas de los movimientos sociales urbanos” (Stravides, 2011).

Como reacción a un modelo degradado en democracia, en cuanto modelo de representación, las nuevas herramientas de comunicación donde yo me represento, prescindiendo de mediadores para la toma de decisión (incluso en el voto), operan como modelos de participación deliberativa open acces. Dado el fin de los modos de representación tradicional, el espacio decisiones es sin intermediarios. Sumado a la desaparición de las distancias, tenemos lo que se ha llamado la Gran Guerra por el Espacio (Bauman, Z. 2016). En consecuencia, el contenedor territorial para la segunda derivada, la organización asamblearia, también es clave. En Valparaíso, además del acelerador de las redes sociales, el catalizador lo produjo el carácter compacto de la ciudad.

El caso Valparaíso.

La Ley 19.542 (1997) representó un cambio en la matriz productiva portuaria. En Valparaíso, el primer impacto recaería en actores estrechamente vinculados con la ex EMPORCHI, como los pescadores de la Caleta Sudamericana o los trabajadores del dique flotante SOCIBER, ambos conminados a abandonar la actividad.

El Plan Maestro de Expansión Portuaria consideró la reconversión de parte de sus instalaciones para el uso urbano. La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) licitó la construcción de reconversión del área de Barón, adjudicado al grupo Plaza, que propuso un centro comercial, conocido como mall. Esta sería la mitigación ante el impacto de la ocupación del resto de la bahía para la carga contenerizada del futuro puerto, con tres terminales al año 2050. La EPV generó acuerdos tempranos con la autoridad local, presentando como oferta urbanística el Mall Plaza Barón.

El rechazo al proyecto fue liderado por “Ciudadanos por Valparaíso”, organización con diez años promoviendo buenas prácticas para la recuperación patrimonial de la ciudad, como la puesta en valor del comercio local y la protección de las vistas al anfiteatro. La pugna entre el Grupo Plaza y el movimiento ciudadano comprometió a la EPV, que debió defender el proyecto considerando el patrocinio permanente a la gestión realizada por el titular frente a la Dirección de Obras Municipales, toda vez que se proyectaba sobre el Secciónale Barón (2002), Instrumento de Planificación Territorial asociado a la reconversión de uso de suelo y que propiciaba el marco legal para la propuesta del centro comercial. Sin embargo, el Permiso de Obras fue impugnado por el equipo legal de la organización ciudadana y el proceso llegó tras años de judicialización hasta la Corte Suprema, donde finalmente el permiso se revocó.

Durante ese período, otro grupo de ciudadanos organizados, detectó el diseño del Terminal Dos, gestionado de manera reservada por la EPV, de gran impacto para la zona declarada en 2003 como Sitio Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Una plataforma de 14Has para el acopio de contenedores, a lo que se añadiría otro proyecto de gran envergadura para el acceso de camiones, funcional al anterior, el que ocasionaba otro impacto tanto del punto de vista del paisaje urbano, como del patrimonio arqueológico y en definitiva, de la economía urbana de la ciudad puerto al no considerar ningún aspecto urbano, salvo por lo que el mall aportaría a la ciudad.

Al evaluar la ciudadanía a Mall Plaza Barón como la mitigación del Terminal Dos, se asumió que a partir de la Declaratoria UNESCO, la ciudad debía adoptar n estándar diferente para evaluar estos proyectos, en una discusión abierta, con la participación de todos los actores. Comenzó la discusión en foros, con propuestas que incidieran en el aspecto urbano producir una transformación social positiva (Camera Mecano et al), problematizando y planteando alternativas, cuestionando la institucionalidad, el rol del Ministerio de Transportes y la política portuaria respecto de la(s) ciudad(es). Se cuestionó la falta de interés de las administraciones municipales, a lo que sucedió un paulatino apoyo de los medios de prensa locales.

A pesar de sus orígenes diversos, los miembros del colectivo representaban visiones, intereses y motivaciones comunes, desde el reconocimiento en el acceso al mar como un común urbano, transversal a todos, movilizador para revertir la grave crisis de Valparaíso. Esto logró sumar a la academia, a actores políticos y empresarios que respaldaron opciones alternativas de desarrollo portuario y apertura urbana al borde costero, generadas al interior del movimiento ciudadano. Algunas propuestas con respaldo técnico y calidad urbana lograron consenso y penetrar en la comunidad portuaria, lo que fue coincidiendo con avances a favor de los colectivos detrás de la judicialización de los proyectos más emblemáticos promovidos por EPV, en un contexto de crecimiento sostenido en la inversión pública y privada para la recuperación patrimonial y turística en la zona UNESCO (particularmente en sectores turísticos como el cerro Alegre y el Concepción), lo que fue sumando masa crítica (empresarios hoteleros y gastronómicos) aglutinada primero en el movimiento Mar para Valparaíso y luego por el movimiento Pacto Urbano La Matriz, antes de convertirse en el Movimiento Valparaíso Ciudadano (MVC).

Lo anterior se vio exacerbado por el gran incendio urbano de 2014, que destruyó más de 3.000 viviendas, visibilizando el anverso informal y precario de la ciudad puerto. Tras esta tragedia, considerando la gestión municipal cuestionada, deficiente y ausente en la discusión sobre el futuro del puerto, el tour de force lo constituyó la idea de disputar el sillón municipal por parte de los comunes urbanos, en las elecciones municipales de 2016.

Con el objetivo de gobernar la ciudad y sostener las propuestas urbano portuarias desde la administración local, el MVC organizó unas elecciones auto convocadas parra levantar una precandidatura a alcalde. En ese contexto, a partir de la articulación con movimientos de carácter político, el MVC culminó su ciclo transfiriendo todo el capital de representación construido, al movimiento estudiantil local, al aceptar como precandidato a un dirigente universitario proveniente del Movimiento Autonomista. Al irrumpir en las elecciones municipales y ganar la alcaldía al alero del MVC, una vez investido como alcalde y denominar su administración como la Alcaldía Ciudadana, el ex dirigente estudiantil dejó atrás los lineamientos de los comunes urbanos (donde había participado solo al final del proceso) y reemplazó el programa diseñado en el colectivo ciudadano por una agenda comunicacional de carácter nacional dirigida por el Movimiento Autonomista, llegando a ser el hito político más trascendente del país en esos momentos, de cara a las presidenciales y parlamentarias del año siguiente. Lo anterior marcó irremediablemente el carácter del que por entonces comenzaba a denominarse “Frente Amplio” (Titelaman, N. 2023)

Conclusiones

La producción del espacio de borde costero de Valparaíso que se transforma como instrumento útil para la formación de capital, es decir para la formación, la realización y la repartición de plusvalía (Lefebvre, H. 1972), es el detonante de un conflicto entre un pequeño grupo de ciudadanos y la EPV que luego escala hasta convertirse en un movimiento ciudadano que desde la politización de sus demandas levanta un proceso electoral auto gestionado, sin advertir que en la interacción con el movimiento estudiantil, ante el hecho improbable de haber logrado la alcaldía, todo lo obrado sería instrumentalizado para alcanzar la visibilidad política de un movimiento a escala nacional, como terminaría siendo el Frente Amplio. Sin embargo, llegado el momento, el MVC no pudo sino acercarse a partidos que fueran funcionales a sus aspiraciones de llegar a la alcaldía, disidentes de la Nueva Mayoría (ex Concertación de partidos de la centro izquierda), que mantenían conversaciones con proto partidos, como el Movimiento Autonomista.

Los movimientos denominados Ciudadanos por Valparaíso, Mar para Valparaíso y Pacto Urbano La Matriz se caracterizaron por ser el producto del encuentro virtuoso entre una diversidad de actores, que en su conjunto provocaron que cuajara la movilización ciudadana a partir de la idea de gestionar y gobernar democráticamente recursos comunes, a través del commoning, estableciendo un improvisado régimen organizacional que requirió avanzar hacia la práctica política, enfrentar una elección y ganarla. No es menor el antecedente sobre el punto de ignición, si bien colectivo Ciudadanos por Valparaíso venía realizando una labor fiscalizadora del estado patrimonial de la ciudad y los efectos de las intervenciones en inmuebles de la Zona Típica, desde la década de los noventa y tuvo el protagonismo en las acciones contra el proyecto del Mall Barón, no fue sino hasta el gran incendio urbano de 2014 que la ciudadanía no se activó de manera masiva y contundente. No pasaron más de 15 meses desde la activación del movimiento Mar para Valparaíso hasta la formación del MVC y la victoria en las municipales.

El traspasar la dinámica voluntarista – más comunitaria que política – e intentar integrarse a una lógica de regeneración política que es la representaba en todas sus líneas el Movimiento Autonomista, hizo que su destino inevitable fuera terminar en un desperfilamiento de sus componentes originales una vez conseguido el objetivo de administrar institucionalmente la ciudad.

A diferencia del movimiento ciudadano ocurrido en Medellín, con la fundación del partido Compromiso Ciudadano (1999) que llevó a Sergio Fajardo a la alcaldía en 2003, el movimiento porteño sirvió de plataforma para otro mucho más arraigado en el proceso de resistencia a nivel global, donde surgen paralelos como el de Podemos en España. Sin embargo, los tres tienen en común la existencia de un momento de ignición ciudadana y puesta en marcha de una agenda de trabajo colectivo de activistas, académicos, profesionales y ciudadanos comunes, que voluntariamente van buscando caminos para la reivindación de derechos, conformando movilizaciones contra la desposesión orientadas a reclamar y recuperar los bienes comunes como condición que posibilita la vida en la gran fábrica que es la ciudad (De Angelis, 2004). Fenómenos de temporalidad distinta, de formatos distintos, pero siempre presenciales y por tanto de efectos tanto destituyeses como de institucionalización muy similares.

No obstante, la alcaldía de Medellín a pesar de los éxitos de sus intervenciones en el territorio, al no ser parte de una coalición política mayor no pudo proyectarse en el espectro político colombiano, replegándose más hacia la academia. Mientras que en España, la institucionalidad de lo común a nivel municipal conformada por Podemos, tanto en Madrid como en Barcelona – más allá de la confirmación de ésta última como ciudad rebelde (Charnock et al. 2019) y referente en la lucha municipaliza (Junqué & Baird, 2018) – no logró la continuidad y consolidación política, lo que lleva a cuestionar los impactos de la politización ciudadana, siendo en esencia la movilización de los comunes urbanos, hoy por hoy, la respuesta natural a los procesos hegemónicos de desarrollo.

Artículo escrito originalmente para el curso La Ciudad de los Conflictos Ambientales, MPU – IEUT UC. 2024.

1. Venegas, R. (2018) Ciudadanos o políticos. La traición de Sharp. Etnika Ed. Pag. 167. ↩︎